La sección de Derecho de Familia de LMTABOGADOS, se ha encontrado con múltiples consultas sobre la guardia y custodia de menores en tiempos del coronavirus y esperamos dar respuesta a las consultas más comunes.
Los trabajadores por cuenta propia, o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, tienen derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad cuando su facturación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Podría uno pensar que esas cosas no le van a pasar a uno y que jamás va a tener un encontronazo con la Policía o con la Guardia Civil, que eso solo le pasa a personas marginales y delincuentes. Pero lo cierto es que cada vez más ciudadanos normales y corrientes acaban siendo detenidos en el curso de actuaciones policiales tan habituales como pueden ser un control de carretera o por negarse a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o cualquier otra conducta que a juicio de la fuerza actuante quiebra la seguridad ciudadana o impida a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.
La Diputación Provincial de Ourense, en el marco de un curso de formación convocado y ofertado en el año 2011 por dicha Administración Pública y organizado a través de su negociado de formación, titulado “Curso Técnico en Dirección y Gestión de Recursos Humanos en la Ad. Local”, difundió un libro titulado “Curso Técnico de Dirección y Gestión de Recursos Humanos en la Administración Local”, que en un 75% (módulos I, II y IV) era copia literal de la obra “El empleo público” de una clienta de LMTABOGADOS.
¿Qué es lo peor que un padre jubilado puede esperar de una hija de 41 años que le presentó hace un año una demanda en vía civil solicitándole una pensión de alimentos, que supuestamente trabaja por horas, que se levanta cuando quiere, que no ayuda en las tareas del hogar, que no colabora económicamente con los gastos y que no quiere irse de casa?
Viene siendo una costumbre de los órganos judiciales proceder al archivo de denuncias en vía penal cuando existen algunas dudas sobre el posible autor del delito o hay que efectuar una investigación algo más pormenorizada de lo habitual.
